Rebeca E. Madriz Franco
Luis R. Delgado J.
Febrero
2016
Desarrollo de la democracia participativa en la Venezuela
Bolivariana
…
“El genio se salió de la botella y ya no hay nadie que pueda regresarlo”.
El
genio es el pueblo que ha saboreado el ejercicio del poder, su capacidad para
decidir cada vez más sobre sus propios asuntos, aun cuando esto es un proceso
que apenas está en sus comienzos.
Alí Rodríguez Araque
A
partir de la victoria electoral del Presidente Hugo Chávez Frías, se inicia en
nuestro país un nuevo periodo histórico signado por una serie de
transformaciones sustanciales de la vida política venezolana. El Proyecto
Nacional bolivariano, construido clandestinamente en los cuarteles durante los
años 80, y posteriormente en el seno de la sociedad civil y los partidos
políticos de izquierda, está cimentado en la necesidad de refundar la República
y profundizar la democracia.
Documentos
primigenios como el Libro Azul
(Chávez, 2013), plasman entre sus objetivos, la necesaria construcción de un
modelo democrático participativo que trascienda las limitaciones de la
democracia liberal-burguesa representativa. Transitar de una democracia formal
a una democracia sustantiva, ejercida por el pueblo de forma permanente. En ese
texto seminal, Chávez plantea las siguientes consideraciones: Por tanto, el sistema de gobierno debe
contar con los mecanismos, los cauces, los organismos y procedimientos para
permitir a las mayorías nacionales ejercer control, participar y protagonizar
el proceso de toma de decisiones políticas (p. 75). Más adelante, agrega:… el
sistema político debe instrumentar los canales necesarios, tanto a nivel local
como regional y nacional. Canales por los cuales corra el poder popular
protagónico (p. 77).
No
es casual entonces, que el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente fuese
tanto la propuesta principal de campaña, como la primera medida tomada por el
Presidente Chávez. Refundar la República y la democracia pasaba en primer
lugar, por desmontar el andamiaje jurídico principal de un modelo político de
país totalmente corrompido y agotado en las postrimerías del siglo XX.
Es
así como se inicia un profundo proceso de debate que ocupa¨¡’ buena parte del
año 1999. Todas las fuerzas vivas del país son convocadas y se realizan
múltiples discusiones a lo largo y ancho de la geografía nacional, que
finalmente refrendan la democracia participativa y protagónica en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2009). Carta Magna, que
en su Artículo 5 reconoce que la
soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la puede ejercer
directa e indirectamente por medio de una serie de mecanismos legales y
constitucionales.
Al
respecto, el jurisconsulto Carlos Escarrá (2013) considera:
… sin duda, una de las
grandes transformaciones que llevó impreso el cambio de paradigma de Estado que
impuso nuestro texto constitucional se encuentra en la conceptualización de un
nuevo sistema democrático, establecido sobre la base de una democracia
protagónica y participativa que encuentra su eje fundamental en la
intensificación y profundización del rol del pueblo en el ámbito de la actuación
estatal concebida en su totalidad, donde el pueblo no solo participa en la vida
del Estado en función de un sistema representativo, en el que se delega de
manera casi absoluta el ámbito y las facultades que comportan el carácter
soberano del que se encuentra investido, sino que por el contrario, se asume
que el pueblo representa y compone un elemento medular de la existencia del
Estado, y por consecuencia, encuentra ampliado su radio y ámbito de acción en
cada uno de los aspectos que involucra la acción y proceder del Estado, en cada
uno de los niveles del ejercicio del poder público (pp. 17-18).
En
esta misma línea de pensamiento, el historiador y dirigente político Amílcar
Figueroa (2007) plantea lo siguiente:
El proceso constituyente
del 99 dejó a la nación venezolana una formidable ampliación de la democracia.
La inclusión en la vida política del país de miles de ciudadanos y ciudadanas
en épocas anteriores condenados a que su práctica democrática se restringiera
únicamente a ejercer cada cinco años el derecho al voto fue, sin dudas, un
logro muy importante (p. 33).
Estas
citas, describen el proceso de expansión democrática que se ha realizado en
Venezuela en los últimos 17 años. Con sus matices, defectos y retos por
delante, el pueblo venezolano ha ganado en empoderamiento político, se ha dado
un proceso de expansión significativa de la ciudadanía. La consigna, darle poder al pueblo, se ha traducido
en nuevos derechos contemplados en la Constitución y en otros instrumentos
jurídicos, avances legislativos que se han traducido en nuevas praxis
democráticas, donde la población más allá de votar empieza a realizar
ejercicios de control y autogobierno. Tal como dicen los académicos españoles
Fernández Liria y Alegre Zahonero (2007), se trata de una verdadera fiesta ciudadana, republicana e ilustrada, que
llena de contenido real las viejas promesas incumplidas por las revoluciones
democráticas-liberales.
En
nuestro país, se ha llevado a cabo un proceso de radicalización de la democracia, que como definió Laclau y Mouffe
(2011) a mediados de los años 80 en el ya clásico Hegemonía y estrategia socialista, consiste en profundizar y
expandir los principios democráticos liberales, transcendiendo el
individualismo posesivo y construyendo cadenas de equivalencias entre las
distintas luchas contra la opresión. De igual forma, se viene configurando lo
que Zygmunt Bauman (2011) define, comunidad
republicana, por medio del derecho de la ciudadanía a interferir, a
participar en la construcción de las leyes que definen el orden.
En
relación al relanzamiento de la democracia en Occidente, Monedero (2012),
brinda algunos elementos tomados de la experiencia latinoamericana, y en
específico venezolana:
Se trata, por tanto, de
articular formas de autodeterminación que puedan construir ese interés
colectivo marcado por la corresponsabilidad. Es lo que hay detrás del
planteamiento de transformar el Estado en un novísimo movimiento social (Santos) que lo repolitice, que reasuma las parcelas entregadas al mercado y que
utilice su poder (su capacidad colectiva) con un ánimo democratizador que
recoja el origen, el ejercicio y el resultado democrático (p. 251).
La
democratización de la vida política venezolana ha impactado en el ámbito
económico, social y cultural. La ciudadanía además de fortalecer y ampliar los
derechos adquiridos por la democracia representativa (libertad de elegir y ser
electo, libertad de asociación en partidos y gremios, libertad de opinión y
expresión), ha asumido derechos de control, de cogobierno y autogobierno.
Instancias como la Contraloría Social, el Consejo Federal de Gobierno, los
Consejos Locales de Planificación Pública, los Consejos Comunales y las
Comunas, dan cuenta del contenido formal e institucional de esa democracia
participativa y protagónica consagrada por el texto constitucional.
Una
nueva forma de democracia que da vida a un vigoroso Poder Popular, nuevas
relaciones sociales de fuerza, que han acercado como nunca antes la sociedad
civil de la sociedad política, el pueblo cada día va ganando poder de decisión,
poder de control de la ejecución de las decisiones, es decir, ejercicio directo
de la gestión (Delgado J. 2013). Evidentemente, pese a los avances en la
materia, todavía el Poder Popular no se ha logrado instituir plenamente, el
radio de acción de todos los sistemas de agregación comunal todavía apenas
contempla un segmento modesto del territorio nacional, es decir, el viejo
Estado sigue siendo prominente.
Transitar
de una democracia formal a una democracia
de alta densidad (Santos, 2008), pasa también por generar espacios
deliberativos permanentes, nuevas instituciones flexibles y amplias donde la
ciudadanía pueda construir colectivamente junto a los poderes instituidos las
políticas públicas que más convengan al interés nacional. A lo largo de estos
17 años se han practicado estos ejercicios democráticos participativos en
diversas oportunidades, pero lamentablemente no se han instituido de forma
sólida, dependiendo muchas veces de la voluntad política de los funcionarios
que ocupen espacios de dirección sustantiva. Es por ello que resulta esperanzadora
la consolidación de los Consejos Presidenciales del Gobierno Popular.
Ahora
bien, entrando al tema principal que nos compete en este escrito, a
continuación presentamos algunos ejemplos relevantes, en los cuales el
movimiento de mujeres organizado ha logrado participar en la construcción de
leyes y políticas públicas, en beneficio de sus reivindicaciones sectoriales.
Se ha tratado de verdaderos hitos históricos en la Venezuela republicana.
El proceso constituyente
como ejemplo de construcción democrática de los derechos en favor de las
mujeres
La
constituyente de 1999, fue un escenario donde el movimiento de mujeres y
feminista venezolano, actuó de forma protagónica y mancomunada, de hecho ha sido
la última vez en que tanto las fuerzas de derecha como las fuerzas de izquierda
coordinaron orgánicamente esfuerzos. Esta amplia unidad fue necesaria para
garantizar los derechos de las mujeres en el nuevo texto constitucional,
posteriormente la polarización política ha dificultado escenarios de este tipo.
En este sentido, la investigadora Morelba Jiménez (2000), nos brinda un
recuento importante de las distintas actividades y documentos que se
desarrollaron en función de construir la agenda de las mujeres, y aspectos
fundamentales que finalmente fueron incluidos en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela.
Entre
las actividades, instancias e insumos que destaca Jiménez (2000) se encuentran
los siguientes: a) “Nosotras y la Constituyente”, actividad masiva organizada
por la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Mujeres (CONGMU);
b) “Las mujeres discuten un nuevo país”, cuaderno popular para estimular el
debate constituyente; c) La Comisión de Derechos Sociales y de la Familia:
Subcomisión Mujer, Niños, Adolescentes y Ancianos de la Asamblea Nacional
Constituyente, fue un espacio de debate y recepción permanente de propuestas;
d) “Mujer y Constituyente: Visión de país con ojos de mujer”, documento
elaborado por la CONAMU, en su Comisión Mujer y Constituyente, este papel de
trabajo fue suscrito por más de 16 organizaciones, incluyendo la CONGMU; e)
“Mujer, Constituyente e Integración”, seminario internacional organizado por la
Comisión de Derechos de la Mujer del Parlamento Latinoamericano, en el cual
participaron más de diez países de la región, y desarrollaron un documento de
propuestas; f) “Las mujeres y la Constituyente: propuestas para asegurar la
equidad de género y la democracia”, documento elaborado y presentado por la Comisión
Bicameral para los Derechos de la Mujer del Congreso de la República; g) El
Polo Patriótico de Mujeres y la Alianza de Mujeres Manuela Sáenz (ALMAS),
también presentaron una serie de consideraciones; h) otra propuesta fue la
presentada por la Red de Población y Desarrollo Sustentable (REDPOB); i) De
igual forma, la Red Universitaria Venezolana de Estudios de las Mujeres,
presentaron sus propuestas a la ANC; j) Finalmente, destacó el seminario
“Encuentros de mujeres en espacios de poder político nacional y local”, en el
cual se plasmaron una serie de iniciativas para enriquecer el debate
constituyente.
García
y Jiménez (2000) advierten que el debate constituyente fue muy intenso en
relación a los derechos de las mujeres, porque confrontó las ideas de un sector
de la población femenina ganada a profundizar la democracia en todos los
ámbitos sociales, incluyendo las relaciones entre los sexos, contra un sector
de mujeres venezolanas tuteladas ideológicamente por la jerarquía de la Iglesia
Católica, promotora del conservadurismo, de la visión de la mujer como
madre-esposa-ama de casa, y no como ciudadana autónoma. En este sentido, Muñoz
(2000) nos informa que fue necesario un agotador cabildeo y movilización de la
opinión pública, para garantizar los derechos sexuales y reproductivos como
derechos humanos, particularmente fue intenso el debate en torno al artículo
constitucional donde se garantiza el derecho a la vida, la Iglesia
infructuosamente intentó imponer que la vida se garantizaba desde la concepción,
siendo esta propuesta derrotada imponiéndose una visión laica sobre el asunto.
Ahora
bien, lo más importante de todo este proceso, es que gracias a estos debates y
discusiones, se lograron construir colectivamente propuestas que fueron
insertas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entre
estas iniciativas destaca en primer lugar, la visibilización y valoración de
las mujeres como sujeto social mediante el uso de un lenguaje inclusivo y no
sexista, logro en el orden simbólico de gran importancia para iniciar procesos
de erradicación de la exclusión y promoción del empoderamiento de la población
femenina.
En
este orden, destaca el artículo 21, el cual condena toda forma de
discriminación, entre las cuales se ubican aquellas fundadas en el sexo, en
función de avanzar en la conquista de la igualdad sustantiva, es decir, la
igualdad real y efectiva de todas las venezolanas y los venezolanos. Gracias al
contenido de este artículo puede establecerse la adopción de medidas positivas en favor de aquellos grupos
históricamente discriminados, marginados y vulnerables, principalmente las
mujeres (Plataforma Unitaria de Lucha de las Mujeres Patriotas y
Revolucionarias, 2015).
De
igual forma, el artículo 75 de la CRBV instituye un nuevo concepto de familia
con perspectiva feminista, más allá del individualismo posesivo y el Patriarcalismo,
se reconoce la mujer jefa de familia, al disponer que: "Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y
deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto
recíproco entre sus integrantes. El Estado garantizará protección a la madre,
al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia".
Por
otro lado, el artículo 76, instituye la protección integral de la maternidad y
exige las responsabilidades compartidas del padre y la madre en las labores de
crianza, además que abre las posibilidades para construir una legislación especial que amplíe y actualice
los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres (Plataforma
Unitaria de Lucha de las Mujeres Patriotas y Revolucionarias, 2015). Este artículo de forma tácita reconoce
el necesario derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, teniendo en
cuenta que de forma explícita el artículo establece: Las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número
de hijos o hijas que deseen concebir y a disponer la información y los medios
necesarios que les aseguren el ejercicio de este derecho. Un contenido que
debe contextualizarse en el hecho que el Estado garantiza el derecho a la vida
desde el nacimiento.
Finalmente,
el artículo 88 constitucional, establece de forma clara y firme el
reconocimiento del trabajo del doméstico como actividad económica que crea
valor agregado y que produce riqueza y bienestar social, un hecho sin
precedentes que permite la construcción de importantes políticas públicas
tendientes al reconocimiento de las amas de casa como trabajadoras y a la
socialización de labores de cuidado.
Construcción colectiva y
democrática de políticas públicas de género desde el INAMUJER
Posteriormente,
desde el Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER), dirigido por la lideresa
María León, se realizaron varios ejercicios democráticos y participativos para
la construcción de políticas públicas a favor de de las mujeres venezolanas.
Por medio de los Puntos de Encuentro,
esta institución creada en revolución, logró organizar, formar y movilizar a
miles de mujeres a lo largo del territorio nacional, permitiendo conformar una
plataforma de consulta para la formulación y validación de políticas
públicas.
Entre
los eventos más resaltantes y de suma importancia en materia de discusión y
construcción colectiva de la gestión institucional, destaca el I Congreso de los Puntos de Encuentro de
INAMUJER celebrado en octubre de 2007, que reunió luego de un proceso
preparatorio en todos los estados del país, más de 2000 delegadas, voceras de
las más de doscientas mil mujeres que en aquel entonces se agrupaban en los
puntos de encuentro a nivel nacional. En dicha actividad se discutieron estos
puntos: 1) Poder Popular, Consejos Comunales y Puntos de Encuentro; 2) Reforma
Constitucional y Ley Habilitante; 3) Socialismo del Siglo XXI, solidaridad
internacional y lucha antiimperialista; 4) Puntos de Encuentro: Balance y perspectiva;
5) La institucionalidad que necesitamos; 5) Violencia contra las mujeres
(INAMUJER 2007). Debemos señalara, que gracias a este evento se motivó la
creación de un ministerio que desde el gabinete ejecutivo nacional trabajase en
función del programa de vindicaciones y reivindicaciones de las mujeres
venezolanas.
Más
adelante en abril de 2008, se llevó a cabo en Caracas, el Congresillo
organizado por INAMUJER, “Lo que las
mujeres le proponen a la Ministra de Estado para Asuntos de la Mujer”. En
dicha actividad participaron 700 mujeres de distintos territorios y sectores
del país, las cuales se agruparon en 15 mesas de trabajo para discutir los
siguientes temas: 1) Área Jurídica; 2) Participación Política; 3) Política
Comunicacional; 4) Prevención y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres; 5) Cooperación, complementariedad y sororidad internacional; 6)
Educación y empoderamiento de las mujeres; 7) Economía y lucha contra la
pobreza; 8) Trabajo y seguridad social; 9) Estadística y visibilización de las
mujeres; 10) Vivienda y hábitat; 11) Salud; 12) Ciencia y Tecnología; 13)
Asuntos municipales de la mujer; 14) Ambiente y desarrollo con visión de
género; 15) Cultura. Esta actividad permitió realizar al naciente Ministerio de
Estado de Asuntos de la Mujer, un diagnóstico general de las principales
necesidades de las mujeres, y definir las principales líneas de acción para el
plan estratégico 2008-2013, en el marco del Proyecto Nacional Simón Bolívar
(INAMUJER 2008).
Estas
dos actividades mostraron de forma ejemplar prácticas de construcción colectiva
de las políticas públicas, sin embargo, al no instituirse, dependían de la
voluntad política de la dirección institucional, en ese caso afortunadamente
bajo el mando de una revolucionaria con gran amplitud y espíritu democrático.
Construcción colectiva y
democrática de políticas públicas de género desde el MINMUJER: El Plan Mamá
Rosa
Ahora
bien, luego de estas importantes experiencias desarrolladas, afortunadamente,
existe una voluntad política, la cual ha tenido continuidad desde el mandato
del Presidente Hugo Chávez Frías hasta la gestión del Presidente Nicolás Maduro
Moros, en empoderar cada día más a las mujeres venezolanas, en lograr que las
mismas amplíen de forma sustancial su ciudadanía.
El Plan de la Patria 2013-2019, plantea en su objetivo
estratégico 2.2.4: Consolidar la equidad
de género con valores socialistas, garantizando y respetando los derechos de
todos y todas… definiendo a su vez como objetivos generales:
2.2.4.1: Profundizar la
participación política y protagónica de las mujeres.
2.2.4.2: Incorporar la
perspectiva de la igualdad de género en las políticas públicas promoviendo la
no discriminación y la protección de los grupos socialmente vulnerables.
2.2.4.3: Generar políticas
formativas sobre la perspectiva de igualdad de género y diversidad sexual.
2.2.4.4: Promover el debate
y reflexión de los derechos de la comunidad sexo-diversa.
Una
vez que inicia su periodo, el Presidente Maduro Moros, convoca a la joven
dirigente socialista Andreina Tarazón, para que asuma el Ministerio del Poder
Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. Desde dicha gestión que se
desarrolla entre los años 2013 y 2015, nos tocó la responsabilidad de dirigir y
hacer parte del Viceministerio para la Participación y Formación Socialista de
la Mujer, posteriormente denominado Viceministerio para la Igualdad de Género y
No Discriminación.
Con
el aval del Presidente Maduro Moros, la Ministra Tarazón, toma una serie de
iniciativas para construir colectiva y democráticamente las políticas públicas
de género a desarrollar el MINMUJER. Entre estas iniciativas queremos destacar
las siguientes, porque nos tocó la responsabilidad de organizar directamente su
ejecución.
En
primer lugar, debe destacarse el amplio debate realizado a mediados del año
2013, entre los meses de julio y septiembre, que tuvo como producto la
elaboración colectiva del Plan para la
Igualdad y Equidad de Género “Mamá Rosa” (2013-2019), plan que define las
áreas y los fundamentos de las políticas públicas que debe realizar el MINMUJER
en este periodo constitucional.
El
Plan para la Igualdad y Equidad de Género “Mamá Rosa”, constituye el tercer
plan de este tipo elaborado en el marco del Proceso Bolivariano. Es un plan
sectorial que se inscribe en el Plan de la Patria (2013-2019), y traza las
políticas fundamentales que orientan al Gobierno Bolivariano, y en especial al
Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, en materia
de políticas públicas tendientes a la despatriarcalización progresiva de la
sociedad venezolana.
Este
documento cuyo borrador fue construido por la Dirección de Políticas Públicas
del MINMUJER, fue debatido en todo el territorio y por representaciones de los
distintos sectores sociales del país. Se desarrollaron en total, 24 asambleas
estadales y 31 asambleas nacionales sectoriales, con una participación total,
superior a las 17.000 mujeres. Trabajadoras, campesinas, indígenas,
afrodescendientes, artistas, jóvenes, militares, entre otras, fueron parte de los
sectores más representativos que debatieron en asambleas públicas.
El Consejo Presidencial de
Gobierno Popular de las Mujeres (CPGPM): las mujeres construyen
sus políticas públicas junto al Gobierno Bolivariano
En
el desarrollo de espacios de participación democrática de la sociedad en
función de la elaboración de políticas y acciones gubernamentales, sin duda los
Consejos Presidenciales de Gobierno Popular son la principal iniciativa tomada
en los últimos años, en función de institucionalizar espacios de articulación
Sociedad Civil-Ejecutivo Nacional.
De
acuerdo al documento elaborado desde el Ministerio del Poder Popular para la
Mujer y la Igualdad de Género, el Consejo Presidencial de Gobierno Popular de las
Mujeres:
Es un órgano popular,
deliberativo, articulado e integrado por organizaciones de mujeres, movimientos
feministas, colectivos de mujeres, mujeres de sectores sociales específicos y
organizaciones territoriales que deliberan y hacen propuestas sobre la
problemática relativa al sector femenino. Igualmente, opinan respecto a las
posibles soluciones en asuntos de su competencia y realizan funciones de
asesoría para la toma de decisiones políticas que sirven para dar cumplimiento
a los objetivos, estrategias y políticas en materia de igualdad y equidad de
género.
La
configuración de este espacio democrático se plantea como un órgano de gobierno
popular entre las organizaciones sociales y las instituciones del Estado para
el ejercicio del poder que contribuya a la elaboración, ejecución y control de
las políticas, planes, programas y proyectos desde los aportes y recomendaciones de las organizaciones del
Poder Popular.
El
CPGPM es un instrumento del Poder Popular para la construcción de una sociedad
inclusiva, el cual incorpora novedosas formas de relacionamiento entre el Poder
Público y la sociedad organizada, funda innovadoras maneras de hacer política,
logrando un ejercicio del poder que impulse una democracia sustantiva. Es así
como se constituye una instancia que permite al Poder Popular proponer
políticas públicas para desarrollar en el ámbito social en favor de los
derechos de las mujeres y por la igualdad de género.
El
CPGPM está integrado por los siguientes sectores:
Más
de 490 movimientos de
Mujeres de carácter Nacional, Estadal y
Municipal; Trabajadoras, Madres del Barrio, Madres Procesadoras de
alimentos, Comuneras, Campesinas, Jóvenes, Estudiantes, Afrodescendientes, Enfermeras, Maestras, Mujeres con algún tipo de
discapacidad, Primeras
Combatientes de los Estados y Municipios, Amas de Casa, Pescadoras, Movimiento de
Mujeres por la Paz y la Vida,
Defensoras
Comunales, Adultas Mayores,
Milicianas, Mujeres de los
Partidos Políticos,
Deportistas, Militares, Amas de Casa, Intelectuales, Comunicadoras
Populares, Motorizadas, Servidoras
Públicas, Diputadas, Petroleras, Indígenas, Ecologistas.
Entre las políticas públicas más importantes
desarrolladas a partir de la elaboración colectiva del CPGPM, destacan las siguientes: Programa “Luisa Cáceres de
Arismendi” en beneficio de las mujeres privadas de libertad (Ministerio del
Poder Popular para Servicios Penitenciarios); Plan de Derechos Sexuales y
Reproductivos, Plan Nacional contra el Cáncer de Mama (Ministerio del
Poder Popular para la Salud); Programa
“Flora Tristán”, para el impulso de los Centros de Educación Inicial (Ministerio del
Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo); Programa “Mujer y Buen Vivir” (Ministerio del
Poder Popular para la Juventud y el Deporte); Observatorio de Medios “Carmen
Clemente Travieso” (Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de
Género), entre otras.
A modo de
conclusión
La Revolución Bolivariana como proceso de radicalización
de la democracia, ha implicado la construcción de espacios para la
participación y el autogobierno popular. La conformación de un nuevo poder que
de contenido definitivo a la democracia participativa y protagónica consagrada
en la Constitución Nacional, ha sido un esfuerzo continuo durante estos 17
años. La configuración de la
Contraloría Social, del Consejo Federal de Gobierno, los Consejos
Presidenciales del Gobierno Popular, los Consejos Locales de Planificación
Pública, los Consejos Comunales y las Comunas, son esfuerzos concretos, que
todavía faltan por consolidar.
En
este sentido, las mujeres no han estado ausentes de este proceso, han sido
sujetos protagónicos. En el caso de la defensa de su propia agenda de lucha,
las mujeres han contado con el respaldo del Gobierno Bolivariano, para
construir de forma colectiva y democrática políticas públicas de género.
Experiencias exitosas como la elaboración del Plan Mamá Rosa y el Consejo
Presidencial de Gobierno Popular de las Mujeres son pruebas de ello.
Sin
embargo, para hacer irreversible estos cambios, es menester que los mismos se
institucionalicen, que no sean fruto solo de la voluntad política de los
responsables gubernamentales de turno. Si no es así, los retrocesos no se harán
esperar, porque la lógica de la representatividad terminará imponiéndose.
De
igual forma, es menester un cambio de conciencia de la ciudadanía: pasar de la
pasividad a la activación permanente. Trascender el paternalismo y convertirnos
en protagonistas de nuestra historia.
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