Rebeca Madriz Franco
Mayo
2016
Breve reflexión histórica en torno a la conquista
femenina de la ciudadanía
La
ciudadanía como concepto y fenómeno inicia su desarrollo con la aparición
histórica de la democracia y el republicanismo, nace con la política, entendida
esta como la resolución colectiva de los problemas públicos. En las antiguas
polis griegas (sobre todo Atenas), y posteriormente en la Roma previa al
imperio, la ciudadanía empieza a expresarse, a participar en los asuntos
públicos; en el ágora o en la asamblea, se debaten y se toman resoluciones, se
escogen gobernantes, comandantes y legisladores, sin duda un progreso
significativo frente a formas más autoritarias de poder como las monarquías y
las teocracias.
La
ciudadanía desde los inicios de su definición comprende una serie de derechos y
deberes con el mantenimiento y fortalecimiento de la comunidad política, del
Estado. De acuerdo a Áviles (2005):
La ciudadanía, básicamente,
se define como una relación entre un individuo o conjunto de individuos y el
Estado, por medio de la cual estos reciben una serie de derechos y
obligaciones, consagrados…, para su cumplimiento y para la generación de
beneficios individuales y colectivos (p. 127).
En
la antigua ciudadanía greco-romana, uno de los deberes fundamentales constituía
la defensa de la Polis, de la República, la participación en las campañas
militares que llevasen a cabo las instituciones gobernantes. Tomar parte de las
acciones armadas es un atributo de esta antigua forma de ciudadanía.
Sin
embargo, la ciudadanía no contemplaba a todos los habitantes de aquellas
unidades político-administrativas territoriales, no contemplaba toda la
población de la Polis o la República. En el caso de las Ciudades-Estado
helénicas, sólo podían ser ciudadanos, hombres libres mayores de 40 años, es
decir, se trataba de una ciudadanía restringida, que excluía a la gran mayoría
de la población integrada por mujeres, jóvenes y aquellos que estuviesen
sometidos a la esclavitud. Se trataba por tanto, de democracias Patriarcales y
esclavistas. Para el caso que nos compete en este artículo, el uso de las armas
era un derecho y un deber exclusivo de los hombres ciudadanos.
Posteriormente,
el debate y la reflexión en torno a la ciudadanía se reactivan con el ascenso
histórico de la Burguesía, con la configuración progresiva y revolucionaria del
Capitalismo como modo de producción predominante. En las postrimerías de la
Edad Media, algunas Ciudades-Estado italianas, empiezan a configurar formas
modernas de ciudadanía. Pero es con las grandes revoluciones burguesas,
especialmente, la Independencia de los
Estados Unidos y la Revolución
Francesa, que emerge la ciudadanía contemporánea, conceptualizada por los
pensadores democráticos y liberales de la Ilustración.
Nace la Democracia Liberal Burguesa, con sus derechos y deberes ciudadanos.
La ciudadanía es un artefacto
político-cultural propio de la modernidad; una estructura política
universalizante a través de la cual el Estado burgués moderno desarrolla esa
cualidad única de constituirse en el representante del interés general de la
sociedad
(Silva Charvet, 2004: p. 37). Esta particular forma de ciudadanía, inspirada en
las formas antiguas greco-latinas, será restringida sólo a los hombres libres,
con renta y alfabetizados (en una sociedad mayoritariamente analfabeta). Una
democracia censitaria para garantizar la hegemonía burguesa y pequeño-burguesa.
En fin, una democracia Patriarcal y clasista.
Por
medio del alistamiento o servicio militar obligatorio, el ciudadano deberá
participar en la defensa de la República, pero ya en este periodo histórico, y
como legado de la construcción de los Estados-Nacionales en la era de las
Monarquías Absolutas, existen las Fuerzas Armadas profesionalizadas, la
institucionalidad castrense con sus centros de enseñanza, con su oficialidad,
con la carrera militar inserta de forma definitiva en la división social del
trabajo. Aún cuando, no toda la ciudadanía se dedicará a las tareas militares,
la carrera de las armas será símbolo señero de los valores cívicos.
Frente
a esta definición moderna de los derechos ciudadanos, las mujeres reaccionaron
tempranamente, ya a finales del siglo XVIII, Mary Wollstonecraft y Olympe de
Gouges, claman porque los ideales de Igualdad,
Libertad y Fraternidad, sean extendidos a las mujeres. Abogan por los
derechos de las mujeres a la educación, a la participación política, es decir,
los derechos de las mujeres a la ciudadanía en igualdad de condiciones con los
hombres. Nace el feminismo moderno, con un amplio movimiento sufragista que en
varias etapas, con avances y retrocesos se extiende hasta mediados del siglo XX
(Bodelón, 2009; Scott, 2012).
En
buena medida, el feminismo como movimiento social y político, ha dirigido sus
esfuerzos en universalizar los derechos ciudadanos y humanos a todas las
mujeres. El feminismo de la igualdad, ha centrado sus luchas y debates en
lograr que las mujeres disfruten con los hombres de los mismos derechos
políticos, sociales, económicos y culturales, la plena igualdad sustantiva y
equidad de género siempre ha sido su objetivo estratégico.
Para
el caso venezolano, a partir de 1936 las mujeres han venido conquistando con
mucho esfuerzo y combatividad diversos derechos, muchos espacios antes vedados,
que eran patrimonio exclusivo de los hombres. Los derechos políticos y civiles,
el acceso al trabajo remunerado, a la educación universitaria, a espacios
estratégicos de toma de decisiones, son hitos logrados en los últimos 80 años.
Sin
embargo, pese a los avances sustanciales, las mujeres producto de la división
sexual del trabajo y los estereotipos sexistas, en buena medida siguen
enclaustradas en el ámbito familiar-doméstico, en las labores de crianza y
mantenimiento, delegando en los hombres los diversos espacios de poder, donde
destaca el control del Estado (Loli, 2004; Htun, 2005). De acuerdo a la CEPAL
(2012), en la región se sigue registrando una baja calidad y profundidad de la democracia, ya que desde la
perspectiva de género, los Estados siguen siendo deficitarios. Al no
cuestionarse los fundamentos sexistas de
nuestra sociedad, Bodelón (2009) advierte lo siguiente:
Las mujeres están
desarrollando “sus oportunidades” en estructuras que tienen todavía un marcado
sesgo de género. Las oportunidades de las mujeres están estructuralmente
limitadas, razón por la cual aparecen los llamados techos de vidrio, sobrecargas
femeninas, exclusiones, fenómenos aparentemente inexplicables en una sociedad
que afirma la igualdad de las mujeres (p. 112).
Es
en este contexto que se plantea el debate de la incorporación de las mujeres a
la carrera militar, y la promoción de políticas inclusivas de género en el seno
de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), como parte de ese necesario
proceso de empoderamiento ciudadano de las venezolanas.
Empoderamiento y expansión de la ciudadanía de las
mujeres venezolanas
Aun
cuando el empoderamiento de las mujeres ha sido un objetivo clásico de la
teoría y praxis del feminismo, como concepto se populariza en los años 90 en el
ámbito de los estudios de género. Con el desarrollo de las instituciones a
favor de las mujeres, en el marco de la Conferencia Mundial de Beijing (1995), empowerment (empoderamiento) se convierte en un concepto central en
los diversos debates relacionados al mejoramiento de las condiciones materiales
y espirituales de existencia de las mujeres.
Este
concepto, fue construido a partir de las reflexiones realizadas por Gramsci,
Foucault y Freire, sobre el fenómeno del poder como relación social (León,
2000), el poder más allá de los aparatos institucionales del Estado.
Por
esta razón, el empoderamiento es un concepto dinámico para el estudio de los
cambios de correlación de fuerzas en el seno de las sociedades, Batliwala
(2000) explica que:
El empoderamiento se
manifiesta como una redistribución del poder, ya sea entre naciones, clases,
razas, castas, géneros o individuos. Las metas del empoderamiento de las
mujeres son desafiar la ideología Patriarcal (dominación masculina y
subordinación de la mujer), transformar las estructuras e instituciones que
refuerzan y perpetúan la discriminación de género y la desigualdad social… De
esta manera, el proceso de empoderamiento tiene que aplicarse a todas las
estructuras y fuentes de poder relevante (pp. 193-194).
En
este sentido, el empoderamiento de las mujeres plantea un desafío y la transformación de las relaciones sociales de poder
(Shuler, 2000: p. 31). De acuerdo a esto, el
empoderamiento de las mujeres significa la pérdida de la posición privilegiada
que el Patriarcalismo ha destinado a los hombres (Batliwala, 2000: p. 195).
En fin, se trata de un proceso de
superación de la desigualdad de género (León, 2000: p. 20).
Este
empoderamiento, por lo tanto, es un proceso continuo de concienciación y lucha
para ir desatando las tramas de opresión propias del Patriarcado, para ir
emancipando a las mujeres de los diversos cautiverios
(Lagarde y de los Ríos, 2011) a los cuales se han visto sometidas. De lo que se
trata, es de demoler los pactos
masculinos interclasistas (Amorós, 1994) que han confinado a las mujeres a
la invisibilidad del espacio privado, al ámbito doméstico.
Teniendo
en cuenta estas ideas, para las mujeres venezolanas es vital proseguir su
proceso de empoderamiento, que como se planteó en páginas anteriores, se
desarrolla progresivamente a partir de 1936. Es de suma importancia, para
profundizar nuestra democracia, que las venezolanas se empoderen política,
económica, social y culturalmente, solo así se avanza en la construcción de una
nueva sociedad con un perfil feminista, un país con plena igualdad y equidad de
género.
El
empoderamiento político de las mujeres venezolanas, pasa por una ampliación
sustantiva de su ciudadanía. Aun cuando en términos formales, los derechos de
hombres y mujeres ya son iguales, es decir, cada día las legislaciones son
depuradas de cualquier signo de discriminación por razón de género, sin
embargo, en términos concretos persiste la desigualdad. Estamos lejos todavía,
de lograr la paridad de género en los distintos espacios de poder y toma de
decisión.
Basta
estudiar la composición de la mayoría de los poderes públicos, de las direcciones
gremiales y empresariales, para constatar que las mujeres venezolanas todavía
constituyen una minoría en los espacios de conducción estratégica de la
sociedad (García Prince, 2012). Hay que advertir que esta situación no es
exclusiva de nuestro país, es un fenómeno con presencia a nivel mundial, no es
casual que tanto la CEPAL (2012) como la Comisión Interamericana de Mujeres
(CIM, 2013), recomienden a todos los Estados de la región implementar políticas
públicas y medidas afirmativas, que permitan la democratización del Estado y la
vida cotidiana, el aumento de la representación de las mujeres en los espacios
de poder rumbo a la paridad política de género, que garanticen la autonomía
(económica, física y toma de decisiones) y la ciudadanía plena de las mujeres.
Ahora
bien, en la mayoría de los casos cuando se habla de empoderamiento político de
las mujeres o de ampliación de su soberanía, se insiste casi siempre en la
incorporación femenina a los parlamentos, a los gabinetes ejecutivos, a los
gobiernos locales, a las juntas directivas empresariales, entre otros espacios,
soslayando el necesario debate en torno a la inserción de las mujeres en el
seno de las Fuerzas Armadas, aun cuando estas instituciones son hoy el corazón
del poder del Estado moderno tal como advirtió Lenin (2010) hace casi 100 años.
La maquinaria burocrática-militar que monopoliza el uso de la violencia legal y
legítima, sin duda es un espacio medular de poder en el cual la predominancia
masculina es indiscutida, es por tanto, un bastión sólido del Patriarcado en
diversas sociedades.
Frente
a esto, un fenómeno contemporáneo relevante, es la progresiva incorporación de
las mujeres en diversas fuerzas armadas en el mundo. La presencia femenina
creciente en academias militares en las últimas décadas, ha permitido constatar
el acceso de mujeres a altos rangos en distintos componentes militares.
Este
proceso también se ha venido llevando a cabo en Venezuela, llegando a la
concreción de una primera mujer (Almiranta en Jefa Carmen Meléndez) con el más
alto rango en el seno de la FANB y a su vez primera Ministra de la Defensa en
nuestro país. Sin embargo, la presencia femenina en la FANB sigue siendo
exigua, en la oficialidad, en los puestos de comando. Y a su vez, el
tratamiento de las mujeres en el seno de la FANB sigue siendo discriminatorio,
aun cuando la institución está llevando a cabo esfuerzos sustanciales por
superar dicha situación.
Por
esto, consideramos que la elaboración, promoción y ejecución de políticas
inclusivas de género en el seno de la FANB, son indispensables en función de
profundizar el empoderamiento político y la ampliación de la ciudadanía de las
mujeres venezolanas. La FANB es un espacio de poder en el cual las mujeres no
pueden estar ausentes.
Las necesarias políticas inclusivas de género en el seno
de la FANB
En
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2009), en sus
artículos 322 y 326 se establece que la seguridad y defensa de la nación es
corresponsabilidad del Estado y la Sociedad Civil. La ciudadanía en pleno,
hombres y mujeres mayores de edad deben participar en caso de que sea necesario
en la defensa de la integridad de la nación. Por lo tanto, la población
femenina está convocada al resguardo de la soberanía de nuestra República.
Foto: CIEG-FANB |
En
diversas alocuciones, el Presidente Hugo Chávez Frías (2006), valoró la
importancia de la incorporación de la mujer a la Fuerza Armada, de ir más allá
de esos tímidos ensayos que durante los años 70 y 80 permitieron el
enrolamiento de pequeños grupos de mujeres. Para él, durante su mandato fue
vital la apertura de los cuarteles y las escuelas militares a la población
femenina. No es casual, que en los últimos años las mujeres accedieran por
primera vez a diversos espacios de la institución castrense (pilotas
aeronáuticas, tripulación de submarinos, puestos de comando, entre otros.).
La
primera forma de incorporación de las mujeres venezolanas a la institución
militar se realizó por medio de la asimilación, es decir, la inclusión de
profesionales universitarias en áreas como salud (medicina y enfermería),
derecho o administración, que luego de realizar cursos cortos se constituían en
oficiales asimiladas (Tovar Weffe, 2004). Posteriormente, como explica Carmen
Meléndez en una entrevista (Saiz, 2004), se realizaron dos programas de
incorporación de las mujeres (en pequeños grupos) en las Fuerzas Armadas; entre
1978 y 1988 funcionó un programa en el seno de la Academia Militar de la
Aviación, y de igual forma, a partir de 1979 se desarrolló un programa de este
tipo en el seno de la Armada hasta 1990.
Lamentablemente,
durante más de diez años se paralizó el ingreso de personal femenino a las
Academias Militares, hasta que finalmente, gracias a gestiones del Comandante
Chávez y presiones de la sociedad organizada, en 2001, por medio de la resolución DG 8758 emanada por el
Ministerio de la Defensa, se abren nuevamente los centros educativos castrenses
a las mujeres (Tovar Weffe, 2004), iniciándose la formación de nuevas
generaciones de oficiales femeninos.
Ahora
bien, una vez las mujeres se han incorporado al seno de las Fuerzas Armadas,
sucede en Venezuela al igual que en la gran mayoría de los países donde hay
oficialidad femenina, que las oficiales son destinadas esencialmente a tareas
administrativas, es decir, son en la mayoría de los casos enclaustradas en
oficinas, llevando a cabo tareas esenciales en temas de gerencia o de
logística, pero excluidas de las áreas de comando operacional de tropas, las
cuales son las que se colocan en la vanguardia de las acciones propiamente militares.
Las
Fuerzas Armadas siendo una de las instituciones con más sesgo Patriarcal, la
presencia femenina ha suscitado problemas y ha sido controvertida, aun cuando
se ha permitido la incorporación de mujeres, se les ha negado a estas la
formación integral de campo, en materia de combate. Es en los años más
recientes que esto ha venido cambiando gradualmente. En este sentido, en el
seno de la FANB (como sucede en la mayoría de los países), existe una marcada
división sexual del trabajo, a las oficiales se les garantiza su presencia en
espacios propios a su “naturaleza” (Tovar Weffe, 2004). Por ejemplo, hasta hace
poco una mujer no podía ser parte de una tripulación de submarino, fue solo
mediante una gestión directa del Jefe de Estado, que se anuló dicha exclusión.
Afortunadamente,
existe una voluntad política, la cual ha tenido continuidad desde el mandato
del Presidente Hugo Chávez Frías hasta la gestión del Presidente Nicolás Maduro
Moros, en empoderar cada día más a las mujeres venezolanas. El Plan de la Patria, plantea en su
objetivo estratégico 2.2.4: Consolidar la
equidad de género con valores socialistas, garantizando y respetando los
derechos de todos y todas… definiendo a su vez como objetivos generales: 2.2.4.1: Profundizar la participación política
y protagónica de las mujeres; y en el 2.2.4.2:
Incorporar la perspectiva de la igualdad de género en las políticas públicas
promoviendo la no discriminación y la protección de los grupos socialmente
vulnerables.
De
igual forma, a partir de estos postulados, el Ministerio del Poder Popular para
la Mujer y la Igualdad de Género (2014), construyó colectivamente, con una
participación superior a las 17.000 mujeres, el Plan para la Igualdad y Equidad
de Género “Mamá Rosa”, en el cual se establecen como líneas de acción:
·
Continuar estimulando la incorporación de las
mujeres en los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
y órganos de seguridad del Estado, en condiciones de igualdad de género.
·
Propiciar una sensibilización con enfoque de
género, feminista y de Derechos Humanos en la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, para impulsar la igualdad de género.
En
este contexto, el 10 de abril de 2015, se lleva a cabo la instalación del
Consejo de Estado para la Igualdad y Equidad de Género, instancia en el cual
confluyen todos los poderes e instituciones del Estado y el poder popular
organizado representado a través del Consejo Presidencial de Mujeres, en
función de transversalizar la perspectiva de género en las diversas políticas
públicas que desarrolla la institucionalidad venezolana. En este encuentro de
alto nivel, el movimiento de mujeres y feminista eleva al Ministerio del Poder
Popular para la Defensa, dos propuestas significativas: respaldo a la
conformación del Consejo de Igualdad y Equidad de Género de la FANB (proceso
que en ese momento ya estaba en curso), y la creación del Batallón de Milicia
de Mujeres “Juana Ramírez, La Avanzadora”.
Posteriormente,
en la Gaceta Oficial, Número 40.687 del 22 de junio de 2015, fueron publicadas
dos resoluciones del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. En la
Resolución Nº 010037, se oficializa la creación del Consejo de Igualdad y
Equidad de Género de la FANB, y más adelante en la Resolución Nº 010038 se
mandata la conformación y activación del Batallón de Milicia de Mujeres “Juana
Ramírez, La Avanzadora”, adscrito al Comando General de la Milicia Bolivariana.
Estas
medidas son de significativa importancia, sobre todo es central la
configuración del Consejo de Igualdad y Equidad de Género de la FANB, ya que
por medio del mismo se podrán planificar, ejecutar y evaluar una serie de
políticas públicas inclusivas de género en el seno de la institucionalidad
castrense. Sin duda este Consejo, dotado de una serie de atribuciones
contempladas en Gaceta Oficial, constituye un paso de enorme importancia para
incorporar y empoderar a las mujeres en seno de los distintos componentes de la
FANB.
El
Consejo de Igualdad y Equidad de Género de la FANB tiene entre sus retos
potenciar el enrolamiento de mujeres a la carrera militar, para que la
composición de la misma sea cada vez más paritaria. Ir erradicando
progresivamente los resabios de misoginia, sexismo y discriminación que todavía
persisten en el seno de la FANB, combatiendo al interior de esta institución
toda forma de violencia hacia las mujeres. Incorporar la perspectiva de género,
feminista y de Derechos Humanos en los distintos planes de estudio de las
escuelas y academias militares. Por otro lado, el tema de la maternidad (tanto
embarazo, como cuidado de los niños y niñas) y su atención debe ser debatido a
profundidad, ya que el mismo es causa de exclusión de las mujeres en distintas
tareas y ámbitos de la institucionalidad militar.
La
organización del Consejo de Igualdad y Equidad de Género de la FANB, es sin
duda un paso trascendental para el empuje de políticas públicas inclusivas de
género en los diversos componentes militares de nuestra Fuerza Armada.
A modo de conclusión
Vemos
entonces, que a lo largo de la historia de los últimos siglos, las mujeres
organizadas en diversas corrientes políticas y del feminismo han venido
luchando por vindicaciones y reivindicaciones políticas, económicas, sociales y
culturales. Han conquistado y ampliado palmo a palmo su ciudadanía, sus
derechos y deberes. Han ocupado progresivamente espacios antes exclusivos de
los hombres, es decir, se vienen construyendo con avances y retrocesos mayores
niveles de igualdad y equidad de género. En Venezuela, como en buena parte del
planeta, las mujeres se han venido empoderando, se han convertido en ciudadanas
amparadas por las leyes.
Sin
embargo, la igualdad sustantiva de género aun es tarea pendiente, la igualdad
formal en muchos casos oculta el hecho que el Patriarcado si bien ha cedido
espacios, todavía constituye una relación social de poder hegemónica. Por lo
tanto, es mucho lo que falta todavía, por lo que las mujeres deben seguir
luchando, el feminismo debe seguir desarrollándose y conquistando mentes y
corazones.
En
el caso de nuestro país, las mujeres han conquistado muchos espacios de poder,
la presencia femenina es creciente en diversas áreas de toma de decisión,
empero su presencia en los mismas sigue siendo minoritaria. En este orden, la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana no es la excepción, por lo cual es imprescindible
la elaboración, promoción y ejecución de políticas inclusivas de género en el
seno de la FANB, en función de afianzar el empoderamiento político y la
ampliación de la ciudadanía de las venezolanas, el Consejo de Igualdad y
Equidad de Género constituye un primer paso esperanzador en esta materia.
Como
ya expresamos, y además lo demuestra la experiencia en nuestro continente y el
mundo entero, las fuerzas armadas son un espacio de poder medular para el
empoderamiento femenino donde las mujeres debemos ganar cada vez más
protagonismo.
Finalizo
con esta reflexión del liberal inglés del siglo XIX, John Stuart Mill (2005):
El… beneficio que podemos
esperar al entregar a las mujeres el libre uso de sus facultades, dejándoles
elegir libremente su trabajo y abriéndoles el mismo campo de actividades y los
mismos premios y recompensas que al resto de los seres humanos, sería el de
duplicar la masa de facultades mentales disponibles para prestar los servicios
más elevados a la humanidad. Donde hay ahora una persona cualificada… podría
haber dos (pp. 217-218).
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