Por
Luis R. Delgado J. (10/2009)
El pasado 28 de septiembre
se volvió a conmemorar el Día por la despenalización del aborto en América
Latina y el Caribe. En muchas partes del continente hubo movilizaciones de
grupos feministas, de militantes de izquierda, de hombres y mujeres que
apuestan por la superación de una de las situaciones más anacrónicas de
nuestras sociedades, la ilegalidad de la interrupción voluntaria del embarazo,
hecho que ocasiona anualmente decenas de miles de muertes innecesarias de
mujeres predominantemente pobres.
En Venezuela pese haberse
llevado a cabo un humilde acto en las afueras de la Asamblea Nacional (hecho
que debería hacer reflexionar autocríticamente a las distintas organizaciones
de izquierda y feministas), lo que más destaca es el afortunado pronunciamiento
de la camarada María León Ministra para la Mujer y la Igualdad de Género en
torno a la necesidad de despenalizar el aborto, en tanto su penalización
contradice los derechos sexuales y reproductivos ciudadanos consagrados en la
constitución nacional.
Dicha declaración de la
máxima autoridad en materia de la Mujer es un buen paso para iniciar una
discusión que se ha postergado demasiado. Resulta absurdo que en estos 10 años
de Proceso Bolivariano, existan obstáculos para que se inicie un debate
nacional franco y profundo sobre la problemática del aborto. Es lamentable que
frente al tema prevalezcan posiciones pragmáticas, dogmáticas y electoreras, lo
cual no impide que anualmente en nuestro país se sigan practicando miles de
abortos, que a su vez generan muertes en las mujeres que habitan los sectores
más empobrecidos.
De esta manera, el hecho de
no discutir el problema no implica su no existencia, por más que nos tapemos
los ojos la práctica masiva del aborto es una realidad, es una hipocresía no
reconocerlo. El detalle está en que debemos abordar el asunto de forma seria y
responsable.
Debemos tener claro, que
las diferencias de clase también están presentes en esta problemática, mientras
la mujer burguesa (o las capas medias) puede pagarse una clínica para abortar
sin ningún peligro, la mujer de los sectores populares, obrera o campesina pone
en riesgo su vida porque debe practicarse el aborto en condiciones insalubres.
Es por lo tanto un problema de salud pública que afecta predominantemente a los
sectores más pobres.
En otro orden, no podemos
seguir dejándonos chantajear por las iglesias, si la humanidad no se hubiese
atrevido a transgredir las pautas que les marcaba la religión no se hubiese
desarrollado la ciencia y la técnica tal como hoy la conocemos, no se hubiese
superado el oscurantismo feudal, no hubiese avanzado la medicina, creeríamos
que la Tierra es plana y centro del Universo, negaríamos la evolución,
creeríamos en la generación espontanea, pensaríamos que la superioridad del
hombre sobre la mujer es un hecho natural, entre otras barbaridades.
Da pena que diputados y
diputadas de la Asamblea Nacional que representan a todos los venezolanos y
venezolanas, que salieron electos por votación popular, que de paso se
autodefinen como revolucionarios, coloquen por encima sus prejuicios
personales, sus creencias, sobre los problemas colectivos, ellos están para
legislar y resolver los problemas más acuciantes de la sociedad, no para dictar
preceptos morales.
Y es que lamentablemente
con respecto a esta problemática del aborto, salen a relucir los más oscuros
caracteres de la doble-moral burguesa. Las clases dominantes, los sectores
atrasados de la pequeña burguesía, las iglesias promotoras de espacios pro-vida
(antifeministas) jamás se han movilizado para defender la Vida humana frente a
las guerras, al hambre, a la enfermedad curable, ¡jamás!, ellas se erigen en
defensoras del feto, pero no les importa que un misil en Afganistán, Irak o
Palestina mate a una mujer preñada.
Me parece pertinente citar
in extenso una reflexión hecha por una monja católica, una respetada teóloga
feminista brasileña llamada Ivonne Gebara:
“La legalización no
significa la afirmación de bondad, de inocencia y menos aun de defensa
incondicional y hasta superficial del aborto como hecho, sino apenas la
posibilidad de humanizar y adecentar una práctica que es común. La legalización
es, apenas, un aspecto coyunturalmente importante de un proceso más amplio de
lucha de una sociedad organizada sobre el aborto social de sus hijos y de sus
hijas. Una sociedad que no tiene condiciones objetivas para dar empleo, salud,
vivienda y escuelas, es una sociedad abortiva. Una sociedad que obliga a las
mujeres a escoger entre permanecer en el trabajo o interrumpir un embarazo, es
una sociedad abortiva. Una sociedad que continua permitiendo que se hagan test
de gravidez (prueba de embarazo) antes de admitir a la mujer a un empleo, es
una sociedad abortiva. Una sociedad que silencia la responsabilidad de los
varones y sólo culpabiliza a las mujeres, irrespeta sus cuerpos y su historia,
es una sociedad excluyente, machista y abortiva”.
En este sentido, promover
la despenalización del aborto no es apoyarlo ni mucho menos aplaudirlo, se
trata simplemente de una respuesta a una problemática social que nos está
matando a miles de compatriotas anualmente, y la única solución es que el
Estado este en capacidad de atender con calidad y gratuidad la interrupción
voluntaria del embarazo. Esta política social debe venir acompañada de una
educación sexual efectiva y eficiente por parte del sistema educativo, los
medios de comunicación y la familia, a su vez esto debe combinarse con una
distribución masiva, gratuita y permanente de mecanismos anticonceptivos para
evitar los embarazos no deseados, sólo así se puede controlar el traumático
fenómeno del aborto.
En fin la necesidad de la
despenalización del aborto, es ante todo un problema político y sociológico, el
cual el Estado Laico venezolano debe darle una respuesta satisfactoria, ya que
la postergación de esta reivindicación histórica de los movimientos
revolucionarios y feministas, significa la pérdida innecesaria de más vidas que
pudiesen ser salvadas.
¡Ni una muerta más!
